miércoles, julio 6HOLA OCAMPO!!

Reclamo en las puertas de Comodoro Py por el auge de domiciliarias | La ola de represores que vuelven a sus casas



Un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo Club Atlético, Banco y Olimpo comenzará mañana miércoles a las 10 en los tribunales de Comodoro Py enmarcado en un “estado de alerta”, definen sobrevivientes, familiares de víctimas y agrupaciones de derechos humanos en relación a “los beneficios que la Justicia está otorgando a represores”.

Para nosotros esto es un 2X1 por goteo. Los benefician con prisiones domiciliarias, pero ahora también hay salidas transitorias y condicionales. Cada vez hay menos represores en las cárceles y es alarmante”, explicó Isabel Cerruti, sobreviviente de los centros clandestinos Banco y Olimpo e integrante del colectivo de familiares, sobrevivientes, testigos y compañerxs del Circuito represivo ABO que, junto a la Comisión de Trabajo y Consenso del Ex Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio “Club Atlético” y la Mesa de Trabajo y Consenso del Espacio para la Memoria y la Promoción de los DDHH ex CCDTyE “Olimpo” acompañarán el inicio del nuevo debate desde un acto en la puerta de los tribunales de Retiro.

La intención del acto es “denunciar una vez más que hay una Justicia que es cómplice de los represores”, aclaró Cerruti. De los más de 30 genocidas condenados en el circuito ABO sólo 10 están cumpliendo esas penas en cárceles comunes, de los cuales 3 gozan de salidas transitorias (Eduardo Kalinec, Luis Donocik y Juan Carlos Avena): 12 tienen prisión domiciliaria, 9 fallecieron y 2 pidieron la libertad condicional (Ricardo Taddei y Alfredo Feito, a quien Casación le redujo la pena durante el gobierno de Mauricio Macri).

ABO V

El que comienza el miércoles es el debate del quinto tramo que el juez federal Daniel Rafecas elevó a juicio oral y público de la causa en la que investiga los hechos que sucedieron en los centros clandestinos que unieron en un circuito de secuestro, tortura y muerte los barrios porteños de San Telmo y Floresta con La Matanza, en la provincia de Buenos Aires.

A partir de las 10 de la mañana, el Tribunal Oral Federal número 2 de la Ciudad de Buenos Aires juzgará a cinco miembros retirados de las fuerzas de seguridad por su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos contra alrededor de 382 personas que fueron secuestradas y permanecieron cautivas en alguno de esos campos de concentración. De esos casos, 34 son nuevos, es decir, que nunca en estos 46 años han podido ser expuestos en un marco de Justicia.

Los ex gendarmes Miguel Pepe, Miguel Lugo, Sergio Nazario alias “Esteves” y Hugo Medina están acusados de integrar la patota del Olimpo, el centro clandestino que funcionó en un galpón en Floresta entre mediados de 1978 y comienzos de 1979. El quinto, Carlos Infantino, fue oficial principal en el Departamento de Asuntos Políticos de la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal y llega a juicio por su vínculo con Atlético y Banco. Ninguno de ellos fue condenado hasta ahora y esperan el debate en prisión preventiva: tres la cumplen en su casa.

En el juicio estaba acusado también José Ahmed Estrada, exsubcomisario de la Policía Federal con funciones en la Dirección General de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal, pero falleció hace poco tiempo. Su figura concentraba la mayor cantidad de casos en juicio, que corren serio riesgo de quedar fuera de juego. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó un pedido al TOF número 2 para que sigan siendo tenidos en cuenta en base al derecho a la verdad que les asiste, solicitud que fue acompañada por la cabeza de querella integrada por el Centro de Estudios Legales y Sociales, Kaos y el abogado Pablo Llonto, algo que deben definir los magistrados. Pedidos como éste no han corrido buena suerte en otros juicios de lesa humanidad. Sin ir más lejos, el mismo tribunal rechazó uno igual en el debate que dirige por los crímenes de la patota del Regimiento de Infantería número 6 de Mercedes.

Una alarma

En diálogo con este diario, Cerruti celebra que se haya llegado al quinto juicio por los crímenes que la tienen a ella entre las personas que lo sufrieron en primera persona. Lo que la tiene “preocupada” es “la reacción de una parte de la Justicia que sigue con intenciones de beneficiar a los represores, como desde siempre”, contó a este diario.

“Después de tanto tiempo de lucha, tanta insistencia, tantas condenas que probaron lo que hicieron los genocidas, nos encontramos con que hay jueces que buscan y buscan maneras de beneficiar a los represores”, explicó Cerruti, que apuntó que lo sucedido la semana pasada, cuando la Sala II de la Cámara de Casación Penal otorgó domiciliaria a tres represores –Mario Ocampo, Luis Firpo y Miguel Osvaldo Etchecolatz– al grupo de familiares y sobrevivientes del circuito ABO “no” los sorprendió.

Para elles, la alarma se encendió a fines de enero pasado, cuando la integración de feria del máximo tribunal penal del país habilitó las salidas transitorias para Kalinec, Avena y Donocik. El colectivo comenzó un “periplo” por los despachos de diversos actores judiciales para “intentar comprender la situación y pensar soluciones”. Se reunieron con la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, a cargo de Ángeles Ramos; con el juez Daniel Rafecas, con fiscales y abogades.

“Nos encontramos con un panorama desolador en el que el 80 por ciento de los genocidas condenados en todo el país cuentan con medidas que morigeran sus penas”, señaló Cerruti. Las medidas son «otorgadas por jueces que cuando se trata de genocidas se convierten en los garantistas más fanáticos. Desoyen legislaciones internacionales para beneficiarlos, no tienen en cuenta que los delitos de les humanidad no son delitos comunes”, completó.



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