miércoles, julio 6HOLA OCAMPO!!

Una causa sin pruebas ni delitos | El avión de Emtrasur lleva diez días retenido en Ezeiza 



En la investigación judicial sobre el avión de Emtrasur retenido en Ezeiza sigue sin haber –al menos hasta ahora– pruebas que permitan vincular a sus tripulantes iraníes y venezolanos con organizaciones u actividades terroristas. Algunos organismos locales consultados por el juzgado de Federico Villena, entre ellos la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cancillería y la Dirección de Migraciones, ratificaron que no hay contra ninguno de ellos ni alertas rojas, ni pedidos de captura ni solicitudes de información. Esto último también fue confirmado por Interpol, según señalaron allegados al expediente. Pero otros órganos internacionales, como el FBI, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el gobierno Uruguayo (que rechazó el ingreso de la aeronave el miércoles de la semana pasada cuando fue en busca de combustible) aún no respondieron. El presidente Alberto Fernández dejó en claro este sábado que lo que hubo fue un aprovechamiento político de la oposición y de intereses geopolíticos. «Quisieron mostrar algo que no es, alguna cosas oscura, algún movimiento oscuro del gobierno», cuestionó. 

Para resumir el episodio, Fernández reiteró que no había «ninguna irregularidad» en llegada del Boeing 747 que venía desde México a la Argentina con una carga de autopartes para la empresa Volkswagen, y que «no pesa ningún tipo de restricción»  respecto de la tripulación de 5 iraníes y 14 venezolanos en función de los datos con los que cuenta el gobierno. Lo que sí sucedió, señaló, fue que hubo problemas para que la aeronave pudiera volver a cargar combustible a raíz de sanciones impuestas por Estados Unidos a la aerolínea, por lo que las petroleras intentan evitar multas. Representantes de esas empresas lo explicaron ante el juez Villena y la fiscala que interviene, Cecilia Incardona. Los de YPF y Axion especificaron que no tenían contrato previo para cargar nafta a este avión. Shell señaló que le había llegado un pedido que luego fue cancelado. Según pudo reconstruir Página/12 son las únicas declaraciones que hay hasta ahora en el expediente, que lleva menos de una semana y no especifica aún si existe algún delito o acusación contra uno, varios o todos los tripulantes.  

Los venezolanos denunciaron a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), a la que le adjudican un allanamiento ilegal en el avión el viernes 10 de junio, cuatro día después de su llegada, y antes de que se iniciara la causa. La empresa Conviasa (Emtrasur es la línea de carga) entregó al juez documentación para intentar justificar que la integración de la tripulación se debe a que serían vuelos de adiestramiento, ya que hasta hace pocos meses el Airbus –que aún no pidió que le devuelvan– pertenecía a la iraní Mahan Air que, según la embajada israelí, junto con Qeshm Fars Air en América Latina «operan para la Fuerza Quds, las cuales están sancionadas por Estados Unidos por estar involucradas en actividades terroristas». El jefe de la AFI, Agustín Rossi, había dicho que la ONU no identifica a esa fuerza como organización terrorista. Como sea, si se tratara de entrenadores de vuelo, tampoco eso descarta la posibilidad de actividades ilícitas o de espionaje que habrá que ver si existieron. Los venezolanos estarían más cerca que los iraníes de recuperar sus pasaportes y que se les levante la prohibición de salir del país que les impuso Villena. 

Metas y dificultades 

El juzgado y la fiscalía intentarán descartar todo el abanico de sospechas posibles, lo que tiene lógica en un país con el antecedente de dos atentados terroristas. La dificultad con la que se vienen topando es que existe una proliferación de versiones que adjudican al piloto Gholamreza Ghasemi vínculos con la guardia revolucionaria iraní y la fuerza Al Quds, a la que se suman teorías de que se trataría de tareas de espionaje en la región. Son cosas que nadie confirma ni documenta. Incluso los avisos o advertencias recibidas en la Argentina, trasladados también a Uruguay, se basarían en información de agencias o servicios secretos internacionales. Quien lo especificó fue el secretario de Inteligencia de Paraguay, Esteban Aquino, al hablar con la radio ABC Color, donde dijo que “el capitán Gasami (sic) no es un parecido, no es un homónimo, es la persona de la Guardia Revolucionario Al Quds” y que su fuente fueron “agencias internacionales amigas” a las que no nombraba por razones de «confidencialidad».  

El ministro de seguridad Aníbal Fernández reiteró a este diario: «Para nosotros sigue siendo un homónimo. La justicia tendrá que ver. Ya sabemos que ninguno de los tripulantes tenía impedimento de entrar al país». En lo que atañe a las fuentes de inteligencia, como escribió Raúl Kollmann, aquellas suelen repetir que «la información de inteligencia no es prueba judicial». Villena pedirá precisiones al gobierno paraguayo. 

El aviso que llegó a la Argentina desde Paraguay a través de un enlace de la AFI, fue el mismo lunes 6 de junio, día del arribo del avión a Ezeiza, pero cuando ya había aterrizado y se habían hecho los controles de Aduana y Migraciones. El miércoles partió a Montevideo con autorización uruguaya, como para cargar combustible, pero no se le permitió aterrizar. El gobierno venezolano denunció que se lo puso en peligro porque llevaba menos combustible que el reglamentario. Después de entonces la PSA haría la inspección, donde no se hallaron explosivos, ni droga, ni dinero ni nada sospechoso. Luego, recién la semana pasada, llegaron denuncias judiciales del los diputados de Juntos por el Cambio Gerardo Milman y Ricardo López Murphy, también de la DAIA y hubo un pedido de hábeas corpus de los tripulantes. 

El mismo avión secuestrado ahora en Ezeiza estuvo el 13 de mayo en Ciudad del Este, como informó Página/12, de donde se llevó un generoso cargamento de cigarrillos de la empresa del expresidente Horacio Cartés, amigo de Mauricio Macri, hacia Aruba (Países Bajos). Nadie retuvo en esos lugares al Boeing, ni tampoco en otros destinos como México, India, China, Pakistán, Cabo Verde y Belgrado.  

Qué se hizo, qué hay

* El lunes pasado por la noche Villena allanó el hotel Plaza Central Canning, donde se encuentran los 19 tripulantes. Dispuso que el procedimiento se hiciera sin violencia. Retuvo sus pasaportes, que mandó a analizar para comprobar su autenticidad, se tomaron las huellas dactilares de todos y se secuestraron sus celulares, tablets, notebooks y pen-drives. Una parte del peritaje fue encomendado a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que le entregó este sábado al juez el contenido de los dispositivos para que sea analizado. Otro tanto está en manos de la Policía Federal. Todavía no hay nada concreto y todo indica que los documentos y mensajes de los iraníes necesitarían traducción. 

* El juez pidió a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que le entregue las comunicaciones entre el avión y la torre de control cuando tuvo que volver de Uruguay. Todavía no tiene respuesta de ese país sobre por qué rechazó el aterrizaje.

* En la causa hay un Informe de Interpol que afirma que ni los venezolanos ni los iraníes tienen requerimientos internacionales y alertas rojas. No se los vincula con organizaciones terroristas. Pero la fiscalía y el juzgado tienen particular expectativa respecto de la respuesta, que aún no llegó, del FBI, que podría reunir más datos y detalles sobre el avión y la tripulación. Del Tesoro de Estados Unidos todavía esperan también que se especifique que sanciones tienen el Airbus, más allá de que algunas cuestiones figuran en la página del organismo. 

* El juzgado y la fiscalía tienen información de organismos argentinos que dan cuenta de la inexistencia de vínculos con el terrorismo y órdenes de captura o alertas: lo verificó la Dirección de Migraciones ya cuando llegaron, lo confirmó la AFI y la Cancillería también dejó constancia de que no tiene pedidos de información sobre los tripulantes y el avión. Además envió los acuerdos de aeronavegación con Venezuela como parte de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional). El contrato para el transporte ya está en manos de los investigadores, también los papeles sobre la ruta del avión.

* El jueves a la noche se hizo un allanamiento en el avión y en el depósito de Ezeiza donde están las autopartes que traía para la empresa Volkswagen. En el procedimiento participaron el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal, la PSA, la ANAC, los abogados de los venezolanos y algunos miembros de la tripulación que son técnicos. Se llevaron dos cajas negras, una de la cuales se espera que tenga el registro de las conversaciones dentro de la cabina (podría ser media hora de grabación o más) y la otra tiene datos técnicos del avión. Para analizarlas están buscando qué órgano o institución puede recuperar esa información. También incautaron una notebook y una tablet. Al parecer, como es un avión que está poco tiempo en cada lugar, los tripulantes dejan pertenencias allí. Los investigadores ponen especial atención en una serie de formularios/documentos que hallaron en el Boeing y que tienen el nombre de una de las empresas iraníes de aviación. Sería documentación de los pilotos iraníes, a nombre de Queshm Fars Air, en la que siguen contratados. Sobre la carga habrá un análisis comparativo con los contratos y la mercadería que se supone fue comprada.

*Los tripulantes siguen en el hotel. Pueden salir y moverse sin salir del país, en teoría. 

Como está a la vista, no hay pruebas ni nada concreto hasta el momento. El juzgado y la fiscalía se amparan para investigar en premisas «preventivas» de orden internacional.  Con la falta de respuestas y el material pediente, más la aparición recurrente de intencionadas versiones informales teñidas de intereses geopolíticos, será trabajoso despejarel panorama expeditivamente.  



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