viernes, diciembre 2HOLA OCAMPO!!

erradicar la violencia institucional es una deuda de la democracia


Foto archivo Enrique Cabrera
Foto archivo: Enrique Cabrera.

Se cumplen 20 años de un hecho que nos marcó, que nos duele y que debemos reparar: la masacre de Avellaneda. El 26 de junio de 2002, durante la larga noche neoliberal, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, ambos militantes de la Coordinadora Aníbal Verón, fueron asesinados a manos del excomisario Alfredo Fanchiotti y del excabo Alejandro Acosta durante la jornada de protesta en el Puente Pueyrredón contra las políticas de ajuste, hambre, exigiendo más trabajo e inversión social.

Kosteki y Santillán, jóvenes comprometidos con la realidad del pueblo, marcaron a fuego la lucha de toda una generación organizada para transformar las realidades más injustas. Eran tiempos en los que la batalla cultural la había ganado el neoliberalismo, y la militancia y la política eran mal vistas por la sociedad. Donde los procesos de organización genuinos se daban desde los sectores populares pero eran pocas veces recepcionados por los partidos políticos en general y mucho menos por los que gobernaban.

La respuesta casi exclusiva que el Estado le daba a este sector era la violencia institucional. En nuestro país, esa violencia ejercida por las fuerzas policiales y de seguridad es herencia de la dictadura y, si bien sigue siendo un problema en la actualidad, es mientras gobiernan proyectos neoliberales que se imponen con más centralidad, porque son la contracara de políticas económicas de exclusión.

Por eso, si bien la violencia institucional representa un riesgo para la sociedad en su conjunto, quienes más la sufren son los sectores populares, sobre todo los y las jóvenes que son estigmatizados y señalados como el peligro latente contra el orden público.

Con la llegada de Néstor y de Cristina, que desarrollaron un modelo económico inclusivo y convocaron a la juventud a ser protagonistas y participar de la política, se empezó a dar vuelta la página de esa historia recurrente en la Argentina. Se hizo de la defensa irrestricta de los Derechos Humanos una política de Estado y se impregnó el accionar de las fuerzas de seguridad de ese paradigma. Desde el pedido de perdón a la sociedad en nombre del Estado y la recuperación de la ex ESMA, hasta la prohibición del uso de armas letales en manifestaciones públicas.

Sabemos que la violencia institucional atraviesa a todos los gobiernos. Pero también sabemos que hay prácticas y discursos de odio que legitiman el accionar ilegal de las fuerzas de seguridad. Es decir que muchas veces se llevan adelante porque hay un mandato político.

Las represiones en manifestaciones públicas son uno de los escenarios en los que los casos de violencia institucional suceden y si bien, como ya se señaló, no son privativas de ninguna fuerza política, durante los cuatro años del gobierno anterior han sido política de Estado. Existió una definición de Mauricio Macri implementada por Patricia Bullrich de alentar y legitimar el accionar ilegal por parte de las fuerzas de seguridad y de construir discursos de odio para justificarse.

Por eso creemos que es fundamental contar con herramientas, pensadas desde la construcción de una perspectiva democrática de la seguridad pública y de derechos humanos, que establezcan reglas claras y criterios de actuación de las fuerzas policiales y de seguridad. Evitando, de esa manera, que el accionar esté sujeto al temperamento del funcionario político de turno.

Eso es lo que propone el proyecto de Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia Institucional. Además tiene como objetivo otorgar acompañamiento y reparación integral a las víctimas. Indica pautas de acción frente a las denuncias para que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz. Crea un registro único de denuncias para lograr información fehaciente que nos permita conocer la realidad de todo el país. También un programa de capacitación, formación y reentrenamiento en derechos humanos y en regulación del uso de la fuerza.

Un proyecto de ley que, como siempre decimos, se construyó y se sigue construyendo de manera colectiva. Que necesita de la militancia participativa, esa que nos enseñaron Maxi y Darío.

Con la coherencia de nuestro proyecto político, abrazando la lucha que dieron nuestras Madres y Abuelas, los organismos de Derechos Humanos y las Madres en lucha contra la Impunidad. Para que Nunca Más «La crisis causó dos nuevas muertes» sea el titular de un diario. Para que Nunca Más ninguna noche neoliberal se lleve por delante los derechos del pueblo.

Con la certeza de que la organización popular es el único camino que va a generar las condiciones de posibilidad para que la erradicación de la violencia institucional sea una realidad efectiva.

Maxi y Darío, presentes. Ahora y siempre.





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