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La Justicia rechazó el pedido para cerrar el Mapa de la Policía impulsado por Ofelia Fernández | Por inexistencia de delito



El juez penal porteño Pablo Cruz Casas rechazó este jueves por «inexistencia de delito» el pedido de una fiscal, a instancias de la operación montada por la dirigente de Juntos por el Cambio Florencia Arietto, para bloquear el acceso a la página web «Mapa de la Policía», un espacio que facilita a vecinos de CABA contar sus experiencias vividas por abusos de las fuerzas de seguridad y que fue impulsado por la legisladora del Frente de Todos, Ofelia Fernández

A un mes del lanzamiento de la herramienta ciudadana contra la violencia institucional, Arietto había denunciado a Fernández por presunto «abuso de autoridad» y la fiscal Celsa Ramírez, en esa misma línea, había solicitado el bloqueo de la página.

Arietto cuestionó a la legisladora del Frente de Todos por el impulso que dio a la página y la acusó de «conceptualizar la violencia institucional como una violación a un derecho producto del accionar de un agente policial».

Los argumentos del juez

El juez Casas no dio lugar a la medida cautelar «por inexistencia de delito» y consideró que «carece de sustento el señalamiento realizado por la denunciante de que la web -que ha sido desarrollada por actores particularmente interesados en la prevención, visibilización y denuncia de hechos de violencia institucional- tenga idoneidad objetiva para constituir un canal de recepción de denuncias que de algún modo busque sustituir y/o reemplazar los canales oficiales y/o institucionales».

«La iniciativa tampoco tiene idoneidad para generar confusión en la ciudadanía en relación a cuáles son los canales de denuncia institucionales vigentes, ni ‘desinformar al ciudadano con información falsa y/o errónea’», añadió en la resolución.

Uno de los argumentos para impulsar la denuncia fue que la página podría hacer creer a alguien que hubiera sufrido un episodio de violencia institucional que estaba haciendo una denuncia penal, y que incluso confundía sobre a qué jurisdicción debía dirigirse.

«Si alguna confusión pudiera caberle a la ciudadanía en general, la responsabilidad por ese estado de cosas sería atribuible a las autoridades públicas que tienen una deuda con la autonomía de la Ciudad hace casi 28 años, antes que a una legisladora de la Ciudad que tiene 22 años, o a las organizaciones y asociaciones de derechos humanos con las que milita», replicó el juez.

La medida despliega su justificación en 20 páginas que también resaltan el aporte en materia de derechos propuesto por la Plataforma Ciudadana. Casas indicó que «el sitio web tiende a la defensa y promoción de derechos individuales, como de otros bienes jurídicos supraindividuales vinculados con el regular funcionamiento de la administración pública y la legalidad de los actos de las personas encargadas de ejercer la función pública» y que «mal podría implicar al mismo tiempo la comisión de un delito contra los aludidos bienes jurídicos».

Asimismo, el juez sostuvo que en un contexto en el que denunciar esta clase de hechos genera temor a la ciudadanía, produciendo una «cifra negra» de criminalidad, el Mapa tiene «la potencialidad de contribuir a completar la información de los organismos públicos, proporcionando una estimación de los delitos no denunciados y aportando una herramienta de diagnóstico para evaluar el vínculo entre la ciudadanía y el sistema de seguridad pública».

“Sólo resta señalar que la especulación en relación a la existencia de eventuales riesgos y/o efectos colaterales no deseados de una herramienta claramente orientada a la promoción y defensa de derechos, o el simple desacuerdo político en torno a la pertinencia y utilidad de la medida, mal podría justificar la pretensión de que se proceda al bloqueo de un proyecto que ha sido co-creado por múltiples actores de la sociedad civil con una finalidad manifiestamente democrática, porque implicaría un hecho de censura previa violatorio del derecho a la libertad de expresión y del correlativo derecho de acceso a la información pública«, enfatizó en otra parte del fallo.

La palabra de Ofelia

Previo a conocer la resolución judicial, la legisladora advirtió en diálogo con radio FutuRock que «estas maniobras son cada día más normales en la Ciudad de Buenos Aires», por lo que confesó que la denuncia «de alguna manera era algo que se esperaba».

Y añadió: «El tema es que fue muy mal argumentado. La plataforma es democrática, transparente e inofensiva. Solo ofende a quienes están cometiendo faltas institucionales graves. Evidentemente molestamos porque están viendo como bajarla».

La página que fue lanzada un mes atrás ya cuenta con 45 denuncias de abuso policial. Sobre esos números, Fernández señaló que «lo que llega son situaciones que realmente preocupan y que el Estado debería dar alguna respuesta».



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