La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de aceptar para revisión dos acciones de cumplimiento contra el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Geológico Colombiano (SGC), por presuntamente hacer uso de sus redes sociales y de su imagen institucional para destacar la imagen del presidente de la República, Gustavo Petro, ameritó una dura respuesta del primer mandatario.
La acción, presentada por la Fundación para el Estado de derecho (FEDe), solicitó que se impida a las entidades utilizar publicidad oficial para promover o resaltar a servidores públicos o difundir mensajes que no se relacionen con sus funciones legales. Frente a esto, el primer mandatario no ocultó la molestia y defendió la posibilidad de promocionar su gestión en estos perfiles; pese a que con ello vulneraría la neutralidad.
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“Mi educación (Mineducación) es gobierno y el servicio geológico (sic) es ejecutivo y el presidente es el jefe del Estado por voto popular, y lo popular es el dueño de Colombia”, escribió Petro, con lo que dejó en claro que está facultado, según él, para determinar el uso de estos espacios digitales, aunque la misionalidad de los mismos no corresponde con la intención en los que buscaría enfocarlos. Comentario que causó críticas.
Y es que, de acuerdo con la fundación, el ministerio empleó su cuenta en la red social X el 17 de septiembre para referirse a un discurso del presidente Gustavo Petro, en el que el mandatario trató el tema de la descertificación de Estados Unidos en materia de lucha antidrogas. De la misma forma ocurrió en las redes del SGC, sobre la cual hay especial atención, pues es la que informa en tiempo real de sismos en el país.
Lo anterior, debido a que la estrategia mediática del despacho del presidente, que tras cada alocución presidencial o aparición pública estaba replicando, en tiempo real, el contenido derivado de las mismas, podría ir en contra de la Ley 1474 de 2011: denominada Estatuto Anticorrupción, en la que se reglamentan diferentes aspectos relacionados con estas situaciones que serían contraproducentes en el ejercicio político.
“El uso de una cuenta destinada a alertar a la población sobre riesgos naturales para fines de propaganda es preocupante, pues se puso temporalmente al servicio de un objetivo político un canal cuya razón de ser es la protección de la vida y la gestión del riesgo”, indicó Andrés Caro, representante de la Fundación para el Estado de derecho (FEDe), que celebró la determinación del tribunal.
En desarrollo…
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