Llaman a indagatoria a un juez de la dictadura por delitos de lesa humanidad | Rafecas citó a Guillermo Rivarola por la masacre del Pabellón Séptimo

Daniel Rafecas llamó a indagatoria al exjuez Guillermo Rivarola por no haber investigado cómo el Servicio Penitenciario Federal (SPF) masacró a 65 presos que estaban alojados en marzo de 1978 en el Pabellón Séptimo de la cárcel de Devoto. Rivarola es el mismo magistrado que no investigó a los grupos de tareas que estuvieron detrás de la matanza de los palotinos en julio de 1976.

El 14 de marzo de 1978, hubo una requisa violenta en la Unidad 2 del SPF. Terminó con tiros y un incendio –que no fue extinguido por los agentes penitenciarios. En el penal de Devoto murieron 57 personas y otras ocho fallecieron después de haber sido trasladadas a distintos hospitales.

El hecho se conoce como la “masacre del Pabellón Séptimo” y actualmente está siendo juzgado como un caso de lesa humanidad por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 por impulso de la abogada Claudia Cesaroni. En el banquillo están Juan Carlos Ruiz (director de la cárcel de Devoto al momento de la masacre), Horacio Galíndez (exjefe de la División de Seguridad Interior) y el excelador Gregorio Bernardo Zerda.

Lo que pasó el 14 de marzo de 1978 en Devoto inicialmente se investigó en la justicia federal. La causa 8137 –caratulada Instituto de Detención de la Capital Federal sobre averiguación de homicidio, lesiones en riña, incendio, daños y resistencia a la autoridad– quedó inicialmente en manos del juez Rivarola antes de pasar al fuero ordinario.

Para Rafecas, existen sospechas de que Rivarola no investigó lo que había pasado con, al menos, 38 sobrevivientes del pabellón séptimo después de que se apagara el fuego. “Habiendo tomado conocimiento de la posible comisión de delitos de acción pública en perjuicio de un número significativo de los sobrevivientes del incendio del Pabellón Séptimo de la Unidad 2, omitió formular la correspondiente denuncia, encontrándose obligado a hacerlo”, señaló el titular del Juzgado Federal 3 de Comodoro Py.

Rivarola, que actualmente tiene 86 años, deberá presentarse el próximo 20 de mayo para ser indagado por Rafecas. Este miércoles, le notificaron la citación. “Finalmente podremos decirle al juez que recorrió la cárcel de Devoto cuando los cadáveres de decenas de presos estaban tirados en el pabellón y los pasillos que esas vidas, el dolor de los sobrevivientes y el padecimiento de las familias valían y valen. Y que tiene que responder”, escribió en redes sociales la abogada querellante Cesaroni.

Rivarola ingresó como pinche en la justicia en 1956, en plena dictadura de la Revolución Libertadora, según reseñó en este diario Horacio Verbitsky. María Estela “Isabel” Martínez de Perón lo designó fiscal federal. En mayo de 1976, el dictador Jorge Rafael Videla lo nombró juez federal. En democracia, consiguió el acuerdo para ascender a camarista.

La masacre de los palotinos

Poco después de asumir como juez federal, Rivarola quedó a cargo de la investigación de otra masacre: la de los palotinos en la iglesia de San Patricio. El 4 de julio de 1976, fueron asesinados los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Dufau y  los seminaristas Salvador Barbeito Doval y José Emilio Barletti.

En 1989, el periodista Eduardo Kimel publicó La masacre de San Patricio, donde criticaba la actuación de Rivarola. Allí decía que había hecho una instrucción formal. “La evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un punto muerto”, escribió entonces.

La crítica enfureció a Rivarola, que accionó contra Kimel. El periodista fue condenado y le ordenaron pagar 20.000 pesos-dólares. El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), que en 2008 condenó al Estado argentino por la persecución del periodista. A partir de esa sentencia, se suprimió el delito de calumnias e injurias referidas a asuntos de interés público. Hubo un acto de desagravio a Kimel –que falleció en 2010– en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en el que participó la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Al conocerse la decisión de llamar a indagatoria a Rivarola por su rol en la no investigación de la masacre del Pabellón Séptimo, desde Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia resaltaron: “Es una buena oportunidad para que también se investigue el mal desempeño de Rivarola durante la primera instrucción de la causa por el asesinato de nuestros cinco mártires”.

Inicialmente se profundizó la hipótesis de que la masacre de los palotinos habría sido perpetrada por el grupo de tareas que actuaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Pero hace dos años se investiga si la Policía Federal Argentina (PFA) no fue responsable del asesinato de los cinco religiosos. La teoría que sostiene Rafecas es que podría haber sido una represalia por la bomba que Montoneros colocó dos días antes en el edificio de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), donde tenía su sede la inteligencia de la PFA y funcionaba un centro clandestino de detención, tortura y exterminio (CCDTyE).

El año pasado, siguiendo con un pedido de organizaciones de “memoria completa” y del represor Eduardo Kalinec, la Cámara Federal porteña ordenó que se investigue la bomba en la SSF –también conocida como Coordinación Federal– como una grave violación a los derechos humanos. El argumento que invocaron los camaristas fue que se había privado a los familiares de las víctimas de una investigación. Esa privación obedeció a que la dictadura decidió hacerlo a su manera: secuestrando, torturando, asesinando y desapareciendo.

Cuando explotó la bomba en Coordinación Federal, fuentes judiciales señalan que el juez que estaba de turno fue el propio Rivarola.