La Cámara Federal de Casación Penal falló este jueves en contra de un pedido de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y del Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, en la causa en que se investiga el abuso de poder y la violación de los deberes de funcionario público por presuntamente acopiar y dejar vencer 6 mil toneladas de alimentos.
Por unanimidad, la Sala II, integrada por los jueces Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar, y de conformidad con lo dictaminado por el representante del Ministerio Público Fiscal ante esa instancia, Raúl Omar Pleé, resolvió rechazar el recurso por «falta de la debida fundamentación».
El pedido había sido presentado por Barra y la subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, con el objetivo de llevar el caso a la Corte Suprema.
La Cámara también determinó que el Ministerio deberá asumir las costas del proceso judicial.
En su resolución, Casación explicó que el rechazo se debió a que «la parte impugnante no cumplió con los requisitos establecidos para la interposición del recurso extraordinario federal, según los artículos 14 y 15 de la Ley Nº 48 y el artículo 3º, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que exigen la demostración de una cuestión federal y una adecuada fundamentación de la impugnación».
Los jueces también consideraron que «la solicitud respecto a la imposición de costas no está adecuadamente fundada».
Además, la Cámara determinó que el Ministerio también deberá pagar las costas del proceso judicial.
Con esta decisión, se agotan las instancias de recurso judicial para el Ministerio de Capital Humano, que ahora deberá proceder con la entrega de los alimentos almacenados en depósitos de Buenos Aires y Tucumán.
En junio, en una muestra de rebeldía, el Ministerio de Capital Humano incumplió la orden de la Justicia de presentar «un plan de distribución» de los 5,9 millones de kilos de productos que están «almacenados» en los galpones de Villa Martelli y Tucumán «en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino». El juez Sebastián Casanello le había dado un plazo de 72 horas, que no fueron respetados por la ministra preferida de Javier Milei.
Incluso apelaron a una nueva instancia, que, finalmente, este jueves fue rechazada.
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