Según consignó Monteoliva en diálogo con Eduardo Feinmann, los incidentes no solo representaron una agresión contra las fuerzas de seguridad, sino una acción organizada destinada a “desestabilizar el orden institucional”.
La ministra adelantó que el Gobierno consolidará la información para presentar una denuncia federal invocando la figura de terrorismo prevista en la Ley Antiterrorista (N° 26.734). “Vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba Molotov es una bomba. Es un arma, y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, afirmó.
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La calificación de terrorismo implica penas agravadas para quienes cometan delitos con el objetivo de sembrar terror en la población u obligar a autoridades públicas a tomar decisiones. También supone investigación federal y penas más severas respecto de la tipificación habitual como daños o atentado contra la autoridad.
Monteoliva defendió el accionar de las fuerzas de seguridad y señaló que se siguieron los protocolos para evitar un daño mayor. Explicó que la prioridad fue dispersar los focos de violencia con agua y gases antes de la intervención de brigadas de detención.
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“La intención primera es dispersar precisamente para desconcentrar ese conflicto que se había focalizado en dos o tres puntos”, indicó. Sobre la falta de detenciones en flagrancia, sostuvo: “No había manera de detenerlos con brigadas en ese momento cuando están tirando bombas Molotov”.
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También respondió a cuestionamientos sobre la custodia de las vallas: “Cada valla pesa cien kilos, no es una latita. El esfuerzo y la expertise para amarrarla es fundamental, porque si se caen pueden provocar un efecto dominó peligroso para todos”.
Más de 70 detenidos e identificación de implicados
Monteoliva informó que hubo más de 70 detenidos durante la jornada y que hasta el momento se identificó a más de 17 personas. “Ya vamos más de diecisiete identificados. Seguimos identificando, porque con el ok de la Justicia, la Unidad de Flagrancia Este, a cargo de la fiscal Malena Mercuriali, interviene en la causa”, detalló.
El proceso incluye análisis de imágenes de cámaras de fuerzas federales, de la Ciudad y de transmisiones de medios de comunicación. Entre los sistemas utilizados mencionó el Sistema Luna, para comparar rostros en bases policiales, y Jessie, para análisis de antecedentes y registros biométricos.
Según explicó, los perfiles de los identificados son variados, con personas de entre 20 y más de 60 años, en su mayoría de la provincia de Buenos Aires, además de Ciudad de Buenos Aires, Tucumán y Salta. Señaló que no todos tienen antecedentes penales, aunque algunos registran historial delictivo. También mencionó la posible pertenencia de algunos implicados a barras bravas y agrupaciones de izquierda combativa o anarquistas.
La ministra rechazó versiones sobre supuestos policías infiltrados. “Eso de estar diciendo que es un policía o que es un expolicía, no sé de dónde lo sacan. Es un disparate pensar que el Gobierno genere ese tipo de situaciones”, afirmó.
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