El gobierno nacional, de la mano de Javier Milei y Patricia Bullrich, le copó el operativo de seguridad al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, frente a la movilización de organizaciones sociales. Sin tener jurisdicción, la ministra Bullrich puso en las calles porteñas a miles y miles de efectivos de la Policía Federal y la Gendarmería, en muchos casos más que la cantidad de manifestantes, lo que motivó el evidente malestar de Diego Kravetz, a cargo de la Policía de la Ciudad. “Pregúntenle a Bullrich”, les contestó a los periodistas que querían saber sobre la presencia de las fuerzas federales fuera de los tres puntos en los que sí tienen jurisdicción: la Casa Rosada, la Catedral Metropolitana y el Puente Pueyrredon. También se produjo un choque porque el gobierno porteño se negó a aportar las cámaras de reconocimiento facial, tal como pedía Bullrich, dado que el sistema fue declarado inconstitucional por la jueza María Elena Liberatori. A todo esto, se sumó la presencia del Presidente en el Departamento Central de Policía, un hecho que no tiene antecedentes y que está totalmente contraindicado: alienta el empoderamiento y la violencia policial y, en consecuencia, si se produce una desgracia o un error, si hay víctimas, todo recaería en la figura presidencial. Ningún mandatario siguió ningún operativo desde la Sala de Situación. De todas maneras, la jugada consistió en que se centre la atención en una marcha que era de recordación de la masacre de 2001, para tapar lo que está sucediendo en los supermercados, verdulerías, carnicerías.
Al atardecer, tanto el gobierno nacional como el de CABA trataban de poner paños fríos al malestar e hicieron saber que los dichos y la postura de Kravetz estaban “fuera de lugar”. “El operativo salió bien -argumentaron-. Toda la semana estuvimos reunidos con Patricia. No hay fisuras entre Jorge (Macri, jefe del gobierno porteño) y Patricia”, señalaron. El propio Macri salió con un video a destacar que «lo importante es que cambió la lógica de quién controla la calle».
La realidad es que hubo un nivel de invasión de jurisdicción pocas veces vista. En las 35 páginas de la Orden de Servicio para el operativo hay capítulos asombrosos:
* El uso de embarcaciones en el Riachuelo
* Drones
* Perros
* En algunos puntos, se ordena la intervención de numerosas brigadas de civil, eso sí, usando chalecos que digan Policía Federal Argentina.
* En el Puente Pueyrredón, dos grupos de combate, dos unidades de contención, 7 brigadas de civil, un Mando de Apoyo Logístico, vehículos, camiones hidrantes.
La invasión de jurisdicción fue evidente. Los memoriosos afirman que nunca la Gendarmería intervino en Plaza de Mayo ni patrulló el centro porteño. De hecho, el cálculo es que intervinieron el doble de efectivos federales (aproximadamente 4 mil) que agentes de la Policía de la Ciudad (2 mil).
Reconocimiento facial
Bullrich sostuvo que se iba a identificar a los manifestantes, pero cuando se les planteó la cuestión a las autoridades de CABA, éstas señalaron que el sistema no se podía usar: a raíz de una presentación del CELS, fue declarado inconstitucional por la jueza Liberatori. La magistrada sostuvo que el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) no se podía usar porque no tenía control alguno. Es más, hubo acusaciones de que el gobierno porteño cargó en el sistema a miles y miles de personas que no eran prófugos, sino dirigentes políticos, jueces, fiscales. Los datos se contrabandearon del Registro Nacional de las Personas (Renaper), sin autorización alguna.
A raíz del fallo de Liberatori, el sistema quedó inactivo y cuando Bullrich lo pidió se le respondió que no estaba en condiciones técnicas ni judiciales para ser usado.
Sin antecedentes
Durante la marcha, Milei se hizo presente en el Departamento Central de la Policía Federal y en la llamada Sala de Situación. Desde ahí hizo un simulacro de entender lo que estaba pasando, pero lo fundamental era darle el respaldo al operativo, con las ministras Bullrich y Sandra Pettovello paradas detrás.
El hecho no registra antecedentes. Hubo ministros de Seguridad que nunca monitorearon un operativo y mucho menos lo hizo un Presidente. El gesto empodera a las fuerzas de seguridad, las pone en el centro de la escena. Y a Milei lo involucra en las consecuencias que pudieran devenir en lo hecho por los uniformados. La responsabilidad de lo que ocurre debe quedar en manos de quienes efectivamente están al frente del operativo, no de la autoridad política máxima del país.
El engaño
El gobierno nacional jugó a concentrar la atención en una antinomia que tiene eco sobre todo en la clase media: si los manifestantes iban a cortar las calles en su marcha o si no habría corte de ningún tipo.
Fue la forma de esconder que la antinomia central reside en lo que pasa en el fenomenal robo del salario real: devaluación, aumento
de los combustibles, trepada de los precios y congelamiento de sueldos y
jubilaciones. Se trató de exhibir una postura que le cae bien a la clase media,
antes de que se le venga encima la catarata de malas noticias: cuotas de los
colegios, prepagas, la restitución del Impuesto a las Ganancias,
aumentos de las tarifas de luz, gas y de los alquileres. Un modesto enfrentamiento con algunos miles
de manifestantes de las fuerzas de izquierda creen que mitiga por unas horas
todo lo que se viene.
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