El rol clave del Estado en la asistencia y reconversión de los planes sociales

El segundo debate presidencial, que será realizado este domingo en la Facultad de Derecho de la UBA, tendrá a los cinco candidatos exponiendo sus ideas sobre «Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente», temática que fue votada vía web por la ciudadanía y cuyos datos revelan algunas de las variables que componen la situación social del país y cuáles son los desafíos que tendrá por delante el Gobierno que se constituya a partir del 10 de diciembre.

En una primera instancia, el concepto «desarrollo humano» implica dar cuenta de las políticas públicas para atender una de las realidades más acuciantes: los niveles pobreza en el país, los cuales, según el último reporte del Indec correspondiente al primer semestre de 2023, alcanza al 40,1% la población, en tanto que la indigencia abarca al 9,3%. Y un dato sobresaliente: más de la mitad (56,2%) de los niños de 0 a 14 años son pobres.

A nivel estadístico, la pobreza es medida por el acceso que tienen las familias a pagar la canasta básica, que a septiembre de 2023 tiene un valor de 284.686,95 pesos según el Indec, a la vez que el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) fijado en octubre es de $132.000.

En su sitio web, el Ministerio de Economía informa que la «Promoción y Asistencia Social» representa el 4,8% del presupuesto, esto es 1.368.575,9 millones de pesos.

Atender a la ciudadanía en mayor nivel de vulnerabilidad llevó al Gobierno a otorgar los casi 2,4 millones de beneficiarios de la Tarjeta Alimentar un refuerzo extraordinario dividido en dos cuotas a cobrar en septiembre y octubre, que en el caso de las familias con 1 hijo recibirán el adicional de 10.000 pesos; familias con 2 hijos, 17.000 pesos; y con 3 hijos o más, 23.000 pesos. De esta manera los hogares con 1 hijo, pasarán de 17.000 a 22.000 pesos; con dos hijos, pasarán de 26.000 a 34.500 pesos y con tres o más hijos, pasarán de cobrar 34.000 a 45.500 pesos.

El ministerio de Desarrollo Social, y como parte del Plan Nacional de Primera Infancia, amplió entre 2019, último año de la gestión de Mauricio Macri, y 2023 de 1.657 a 2.581 el número de espacios dedicados a la atención de la población de 45 días a 4 años de edad. Llegan a casi 171.000 los niños incorporados a ese programa. En sinergia con el Ministerio de Obras Públicas, se suman a esa iniciativa programas de apoyo que ejecutan mejoras o suman nuevos dispositivos territoriales -urbanos y rurales- a la red de cuidados a las infancias.

En lo que respecta a protección y acompañamiento del embarazo, el Estado nacional implementó diversos programas. Entre ellos: el Plan 1000 días, asignaciones prenatales, asignaciones por nacimiento y adopción, asignación por maternidad down.

Estos se suman a planes ya existentes, tales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo. A octubre, la AUH paga 17.093 pesos por cada hijo menor de 18 años, mientras que en la Prestación Alimentar las familias con un hijo reciben 22.000 pesos; con dos, 34.500, y con tres o más, 45.500.

«Durante 2021, la AUH y Alimentar cubrían el 94,7% de una canasta básica alimentaria. Ya en 2022, ese porcentaje disminuyó al 85,6%, y en el primer semestre de 2023, alcanzó a cubrir el 77%», según la Asociación Civil Igualdad y Justicia (ACIJ). Esta ONG advirtió que, según datos de Unicef, habría cerca de 1,5 millones de chicos sin cobertura de estas asistencias sociales.

Por otra parte, la administración central comunicó que los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo (PT) recibirán un bono de 20.000 pesos dividido en dos cuotas de 10.000 pesos, de manera que quienes perciban el plan cobrarán en septiembre 66.250 pesos y en octubre $69.000 pesos.

Una de las iniciativas claves del Gobierno nacional, además de reforzar esa asistencia, es dotarla de proyectos productivos, comunitarios, laborales y educativos para promover la empleabilidad de quienes son beneficiarios del PT. De ello da cuenta el programa Puente al Empleo, que beneficia en su mayoría a varones y mujeres de 18 a 29 años y que a abril de este año -último dato disponible- logró que 72.565 beneficiarios accedieran a un empleo registrado, el 54% de ese número en el sector privado.

Las estadísticas oficiales de Desarrollo Social dan cuenta además que el 37% tiene ingresos por más de dos SMVyM, cuatro de cada 10 fueron empleados por grandes empresas de rubros como la construcción y la industria manufacturera, entre otros.

El debate en torno al rol de los planes sociales en la lucha contra la pobreza, así como sus características, alcances y continuidad a futuro, ha sido uno de las cuestiones que más dividieron a los candidatos a ocupar la Casa Rosada.

Mientras Sergio Massa (Uxp) se pronunció en favor de optimizar las políticas educativas así como impulsar a partir de incentivos el empleo en las pymes y dotar de criterio «federal» a los planes para adaptarlos a los requerimientos de cada región; Patricia Bullrich (JxC) aseguró que su propuesta es «transformar los planes sociales en seguros de desempleo, que cubran temporalmente a aquellas personas que se encuentren desempleadas». En tanto, Javier Milei, de LLA, sostuvo que «eliminar la asistencia social es un crimen», pero propuso «ir a sistemas privados de salud y educación» y «aspirar a eliminar la asistencia social directa».

En cuanto a la vivienda, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat consigna que hay un déficit de 3,5 millones de viviendas en una población que vive en un 94% en ciudades.

En un estudio lanzado este año, las organizaciones Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), ACIJ y TECHO aseguraron 1 de cada 3 hogares del país no cuenta con una vivienda adecuada a la vez que que 1,17 millones de familias viven en 5.687 barrios populares distribuidos en todo el territorio nacional.

Más de 2 millones de hogares en Argentina alquilan su vivienda y en el AMBA el 32% de los inquilinos destinan más de la mitad de su salario al pago mensual.

Para paliar esta situación, el Gobierno entregó 132.960 mil casas con el plan Casa Propia mientras que otras 110.000 están en construcción.

Con el Programa Procrear II se pusieron a disposición más de 1.600 hogares de 36 Desarrollos Urbanísticos, que se encuentran ubicados en 30 localidades y más de 700 lotes con todos los servicios esenciales incluidos, que fueron generados en 49 predios de 46 localidades del país.

Con respecto a la cuestión ambiental, Argentina es responsable del 0,7% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y como parte del Acuerdo de París sobre el cambio climático el país se comprometió a reducir sus emisiones en un 18% incondicionalmente, con la posibilidad de aumentar esa cifra al 37%.

Según el inventario de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, las emisiones en Argentina son 50,7% provenientes de la energía; 39,1% de la agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra; 5,7% de procesos industriales y uso de productos, y 4,5% por los residuos.

El consumo energético del sector residencial es el 28% del total, lo que representa 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero totales del país.

Con este mandato, el Poder Ejecutivo aprobó el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al año 2030, el cual participaron más de 8500 personas, autoridades y referentes de Pueblos Indígenas, organizaciones e instituciones para diagramar las acciones a realizar.

Una de las consecuencias más notorias del cambio climático en el país fue la extensa sequía en la zona centro del país, que costó más de 20 mil millones de dólares por las pérdidas en los cultivos.

Asimismo, Argentina es parte del Acuerdo de Escazú desde abril de 2021, que es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe que garantiza el acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Sobre esta cuestión Massa señaló recientemente que «ni el ambiente ni los órganos tienen precio porque tienen que ver con la vida», a la vez que afirmó que «el desarrollo (productivo) y el equilibrio ambiental pueden convivir». Bullrich, en tanto, se pronunció en favor de desarrollar las energías renovables, así como cumplir con las obligaciones ambientales que asumió en diversos foros internacionales. Por su parte, Milei sostuvo en varias ocasiones que el calentamiento global «es otra de las mentiras del socialismo» y llegó a decir que «una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera».