Inhiben bienes de Belliboni en la causa contra las organizaciones sociales | Vive en un monoblock de Burzaco desde hace medio siglo

Un día después de denunciar la existencia de “un plan maquiavélico” para perseguir a las organizaciones sociales por medio de la corporación judicial, el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, recibió una mala nueva de Comodoro Py: el juez federal Sebastián Casanello, que el lunes lo había citado a indagatoria junto a otras 22 personas por presunta administración fraudulenta de recursos estatales para comedores sociales de su organización, dictó la inhibición de sus bienes, a priori acotados, a juzgar por su hogar en un monoblock de Burzaco desde hace medio siglo.

“Vamos a ir a presentarnos, yo y todos los compañeros citados. No tenemos nada que ocultar. No sólo vamos a ir a declarar lo que quiere escuchar Casanello, sino que vamos a ir a denunciar”, declaró el dirigente tras el llamado a indagatoria. La hipótesis judicial es que el Polo Obrero habría usado “facturación apócrifa” y simulado “gastos no concretados” para “disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos” recibidos como parte del programa Potenciar Trabajo, escribió el juez, para quien “lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”.

“La causa empieza porque éramos extorsionadores. Ahora pasa a un segundo plano y se supone que defraudamos al Estado. Cuando presentemos las carpetas, ¿de qué se van a disfrazar?”, se preguntó Belliboni en diálogo con la AM750. “Yo estoy en mi casa, tranquilo, esperando que venga el 25 (de junio, día previsto para su declaración). Esperaremos y enfrentaremos a esta gente en todos los planos. Esta gente está en un gobierno en crisis, donde le renuncian ya no solo los funcionarios de segundo nivel sino los ministros. Encima esconden comida cuando la gente, literalmente al lado, se muere de hambre. ¿Cómo puede ser tanta crueldad?”, se preguntó.

La causa impulsada por el gobierno que desde diciembre paralizó la entrega de alimentos a comedores sociales se inició a partir de denuncias de beneficiarios del Potenciar Trabajo, promovidas por el propio Ejecutivo y su aparato comunicacional, que dijeron que los obligaban a ir marchas si querían conservar sus planes y que les cobraban un porcentaje de sus ingresos para solventar gastos de la organización.

En el caso de Belliboni, su citación se explica porque firmó convenios con el Estado y presentó rendiciones de cuentas del Polo Obrero como “unidad de gestión” del Potenciar Trabajo. Las unidades son las encargadas de controlar que se cumplan los requisitos para acceder o conservar cada plan, que los beneficiarios cobran con sus tarjetas, y a su vez reciben dinero para armar estructuras y sostener proyectos que permitan la reinserción laboral de desocupados.

Casanello consideró en su resolución que “diversas
personas, nucleadas bajo las figuras asociativas ‘Asociación Polo Obrero’ y ‘Cooperativa
El Resplandor Ltda.’ habrían administrado de manera indebida al menos una parte
de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con
el exMinisterio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido
programa Potenciar Trabajo”. Ayer complementó la citación a indagatoria
con la inhibición de bienes, que incluye cuentas
bancarias, tarjetas de crédito, billeteras virtuales y cualquier otro medio
económico-financiero.