22/06/2024

Rafael Nahuel: La defensa pidió la absolución de todos los prefectos imputados | La coartada del enfrentamiento



«Los ´usurpadores´ tenían armas de fuego, las usaron contra los prefectos y al bajar el cuerpo de Rafael Nahuel Salvo», dijo ayer el abogado Marcelo Rocchetti, defensor de tres de los cinco miembros de la Prefectura Naval acusados del homicidio del joven mapuche en territorio recuperado de Villa Mascardi, el 25 de noviembre de 2017. Fue durante el alegato de las defensas en el juicio iniciado en agosto, con veredicto previsto por el TOF de General Roca para el 29 y que logró hacer caer la teoría del enfrentamiento. Tanto Rocchetti, exfuncionario de María Eugenia Vidal, como las abogadas defensoras de los otros dos imputados, pidieron la absolución de sus defendidos. Durante las ocho horas de la audiencia, ambas defensas coincidieron en que la muerte de Nahuel ocurrió en «legítimo cumplimiento del deber y de una orden judicial». 

La semana pasada las querellas pidieron una condena a prisión perpetua para los acusados, en tanto el fiscal Rafael Vehils Ruiz pidió una pena de cinco años e inhabilitación por ocho. En sus alegatos, las tres querellas concideraron a los procesados coautores del delito de homicidio doblemente agravado en concurso ideal con homicidio agravado en grado de tentativa. Los abogados de la familia de Nahuel, de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y de la APDH Bariloche, coincidieron en acusar a los Albatros de haber urdido un plan criminal y coordinado para atacar a los mapuches, disparar más de 150 veces con munición de plomo y organizar con posterioridad acciones para encubrir el hecho.

«Mis tres defendidos dispararon», dijo Rocchetti sobre la actuación de Guillermo Cavia, Javier Pintos y Carlos Sosa. «Y Fausto Jones Huala, Lautaro Curruhuinca y Rafael Nahuel también dispararon en el enfrentamiento, y esto fue difícil de probar porque el lugar estuvo doce días en manos de los usurpadores», enfatizó Rocchetti en su extenso alegato. «Nahuel recibió un disparo en la cintura, donde no hay órganos vitales, estaba en un plano superior y por eso la bala siguió su recorrido hacia arriba, es decir que el disparo fue efectuado para incapacitarlo y no para darle muerte», apuntó, y en ese momento hubo un murmullo de repudio a sus palabras entre el público presente en la sala. A criterio de Rocchetti, «los prefectos estaban rodeados y les estaban tirando tiros, se encontraban en inferioridad numérica y geográfica, no hubo ningún delirante plan para matar mapuches, como dijo la querella».

El defensor –hasta 2018, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que encabezaba Cristian Ritondo–, afirmó que «había que encontrar un culpable rápido, pero les salió mal porque el arma de Pintos nunca llegó a la montaña», y cargó contra los tres peritos que realizaron el primer peritaje balístico –Silvia Bufalini, Roberto Nigris y Karina Uribe al pedir que se extraiga testimonio para que sus conductas sean analizadas penalmente por «falsear una pericia». Además, solicitó que sean acusados Johana Colhuan y Gonzalo Coña porque «tenían un plan de defensa del predio». Sobre Colhuan reiteró que en la foto borrosa que exhibió se la ve portando un arma larga de fuego, y dijo que la joven que fue herida durante la incursión de los Albatros «recibió instrucción militar y es desertora del Ejército».

Por momentos hablando a los gritos, Rocchetti destacó que «la madre de Nahuel comenzó su testimonio hablando en una lengua desconocida, porque niegan al Estado, los niegan a ustedes señores jueces».

En el relato de Rocchetti, «los prefectos fueron emboscados y respondieron de manera racional y proporcional para repeler una agresión, contestaron con bolitas de pintura, y solo como último recurso dispararon armas letales, primero a los árboles. Pero los mapuches seguían disparándoles, por eso tenían rastros de pólvora, no existe lo que dice la querella sobre la tranferencia de residuos. Los iban a matar, por lo tanto la respuesta no fue excesiva, venían cumpliendo un mandato legal y una orden judicial».

El letrado defensor, que recordó que trabaja en este caso ad honorem, indicó que «los usurpadores ignoraron la voz de alto y atacaron con armas de fuego a los prefectos», que «Pintos, Cavia y Sosa se comportaron de manera ajustada a la normativa policial», e insistió en que «solamente se dispararon 31 disparos». En su alegato expresó que el hecho de que Rafael haya recibido un solo disparo es muestra de que no hubo excesos. «El enfrentamiento pudo haber sido una tragedia mayor, fueron profesionales, cuando se vieron superados se retiraron», afirmó quien también supo ser abogado de Rafael Di Zeo en una causa por coacción agravada por el uso de armas.

«Pobre Bullrich»

Rocchetti también atacó a la querella de la secretaría de Derechos Humanos, al manifestar que el abogado Mariano Przybyksky tergiversó los dichos de sus defendidos, y lo acusó de ser parte de «un sistemático ataque de organismos que amparan delincuentes y propician el caos». También calificó como «descabellado» el pedido de la querella de la APDH y de la familia Nahuel para que se aplique como agravante el odio racial de los prefectos hacia los mapuche. Tras pedir que los alegatos de las querellas sean declarados nulos, dijo que el abogado Sebastián Feuda hizo «un discurso de barricada» y que Rubén Marigo «cargó contra la pobre ministra Bullrich, modificó los dichos del testigo Mustafá y postuló que hay que terminar con la teoría de la Conquista del Desierto, solo falta que resucite Julio Argentino Roca». 

Por su parte, las abogadas Alejandra Bussetti y Anabella Schmid desarrollaron un alegato muy similar al de Rocchetti en defensa de los prefectos Sergio García y Juan Obregón. Argumentaron que la reivindicación de tierras indígenas está por fuera de los canales del derecho porque se hizo con violencia y ocupando, en referencia a la recuperación de la comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, escenario de los hechos. 

El 22 de noviembre habrá dúplicas y réplicas y el 29 serán las palabras finales y el veredicto en General Roca. Una vez más fue rechazado el pedido de la familia para que el juicio al menos finalice en Bariloche, donde vive.

Afuera del tribunal, Fernanda Neculman, werken (vocera) del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, denunció que el fiscal de la causa es «racista», y el mismo calificativo usó para hablar del proceso oral y público «que se realiza acá en Fiske Menuco, mal llamado General Roca». En la calle también hubo presencia de agrupaciones sindicales docentes, como ADUNC.

Rocchetti se había visto forzado a renunciar a su cargo en la gestión de Vidal luego de ser denunciado por la diputada Elisa Carrió, quien aseguró que integraba una asociación ilícita junto al operador judicial Alfredo “Freddy” Lijo, hermano del juez Ariel Lijo. Su vínculo con el macrismo le permitió ser responsable de la seguridad de la Legislatura porteña, en 2008, pocos meses después del triunfo de Mauricio Macri como jefe de Gobierno de la ciudad y la asunción de Ritondo al frente del parlamento porteño.



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