A un año y dos meses de la declaración del asesor parlamentario Jorge Abello que inauguró la llamada «pista Milman» en la causa por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, el juez Julián Ercolini decidió allanar uno de los domicilios del testigo para secuestrar su celular y otros dispositivos electrónicos. El diputado Gerardo Milman (Juntos por el Cambio), exjefe de campaña de Patricia Bullrich, había denunciado a Abello por falso testimonio. Fue porque Abello había relatado bajo juramento que lo escuchó decir, dos días antes del atentado, «cuando la maten yo estoy camino a la costa». A Abello parece que lo investigan, a Milman no. El legislador jamás fue allanado ni se analizaron sus celulares y dispositivos. Esta semana quedó en evidencia cómo un sector de los tribunales de Comodoro Py empezó a hacer los deberes después de las elecciones que consagraron como presidente a Javier Milei y de que Mauricio Macri comenzara a meterse en la arquitectura y los planes del futuro gobierno.
Ercolini le encomendó el operativo a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para las 8.30 de este jueves. La orden de allanamiento al departamento ubicado en Belgrano no explicaba los motivos y decía: «En caso de negativa explicita
por parte de Jorge Alberto Abello y/o de los restantes habitantes del
domicilio de entregar los dispositivos electrónicos que sean solicitados… el personal preventor, previa consulta realizada de
modo fehaciente con el Tribunal, deberá subsidiariamente proceder a su
requisa personal». Cuando los agentes llegaron, nadie respondió, la policía no hizo nada más y se fue, informaron fuentes de la investigación a Página/12. Añadieron que siguen investigando.
Única pista política
Abello trabaja en el bloque de Unión por la Patria (antes Frente de Todos) de la Cámara de Diputados y es colaborador del diputado Marcos Cleri. El 23 de septiembre del año pasado, 22 días después del ataque a CFK, se presentó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti -a cargo de la causa por el intento de magnicidio- y declaró bajo juramento que en el bar Casablanca, en la esquina del Congreso, había visto a Milman sentado en la mesa de al lado: «Lo escuché decir ante dos mujeres: ‘cuando la maten yo estoy camino a la costa'». Era el 30 de agosto, dos días antes del atentado.
El 1 de septiembre, después de que Fernando Sabag Montiel intentara matar a la vicepresidenta, Abello ató cabos y creyó entender de qué hablaba Milman. A las 22.36 le mandó varios mensajes a Cleri. «Marcos, ayer cuando salí de tu oficina fui con mi cuñado a comer a Casablanca. Al lado mío estaba Milmann (sic) con dos pibas y graciosamente decía cuando la maten yo estoy camino a la costa. Y se mataban de risa. Están las cámaras que no me dejan mentir. Créeme estoy temblando», le escribió el asesor. Cleri puso todos los mensajes a disposición de la Justicia. Uno de los abogados de CFK, Marcos Aldazabal, planteó que se trata de un «elemento clave para creerle a Abello» porque da cuenta de que lo que dijo en su declaración «no fue armado», lo había dicho antes en los mensajes, el mismo 1 de septiembre.
Tras la declaración del asesor parlamentario, Milman lo denunció por falso testimonio en una presentación que no explicaba cuál era la falsedad. Sólo rechazaba haber pronunciado la célebre frase. Pero la jueza tomó su denuncia al pie de la letra y la mandó a sorteo. Es la que tienen el juez Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano, quienes dejaron pasar el tiempo hasta ahora para tomar una medida. Este allanamiento y otros que puedan venir en este expediente apuntan a poner en duda la única pista política que quedó bajo investigación. Cuando la jueza elevó la mayor parte de la causa a juicio, enfocada en el hecho material y con Sabag Montiel, su novia Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo (jefe de los vendedores de copos de azúcar) como acusados, dijo que no había encontrado terminales políticas detrás del atentado ni financiamiento. La pista Milman, de todos modos, quedó abierta con trámites sin terminar.
Capuchetti constató que el diputado Milman, quien también fue número dos en el Ministerio de Seguridad que conducía Bullrich, había estado en Casablanca, a la hora señalada por el testigo (que también se confirmó que estaba ahí), con dos mujeres (colaboradoras suyas, Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bodhziewicz) y que al día siguiente se fue a Pinamar. Además de todo esto, Milman había pedido información sobre la custodia de la vicepresidenta el mismo día del atentado.
Dos semanas antes, en un proyecto que no sólo apuntaba a la custodia de CFK, había preguntado al Poder Ejecutivo si se estaban tomando medidas de seguridad frente a supuestos ataques verbales contra “periodistas independientes y amenazas a jueces y fiscales”, que no identificaba. Respecto de CFK decía: “No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina, para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir, y recrear un nuevo 17 de octubre que la reivindique ante sus seguidores”. Uno de los firmantes del proyecto fue Francisco Sánchez, el diputado que había pedido pena de muerte para la vicepresidenta. Hubo seis proyectos similares de Milman pero no fueron analizados en la causa.
Las colaboradoras del legislador fueron citadas como testigos y mintieron: dijeron que no habían estado en Casablanca por esos días. Cuando les mostraron las imágenes, dieron marcha atrás, pero tuvieron contradicciones. La jueza no quiso secuestrar sus celulares. Los entregaron recién en diciembre pasado con una orden de la Cámara Federal. Una dijo que había borrado todo, la otra que tenía un aparto nuevo sin acceso a información vieja. Bohdziewicz declaró en mayo último que en realidad no lo había borrado por propia voluntad, sino que la llevaron a una oficina de Bullrich donde la esperaba un perito para hacer el trabajo. A Milman, reveló, también le habían «manipulado el celular» y Gómez Mónaco lo cambió por uno nuevo.
Después de ese testimonio, Rívolo pidió secuestrar los teléfonos de Milman, la jueza dijo que no y empezó una larga cadena burocrática hasta que la Cámara Federal ordenó despejar toda sospecha y lo confirmó Casación. El diputado primero entregó, como si fuera a colaborar con la pesquisa, un iPhone 14 Pro Max, pero la querella denunció que el modelo había salido al mercado después del atentado y comenzó a usarlo recién en noviembre. La Cámara de Diputados había aprobado su análisis. De todos modos, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Gendarmería le dijeron a la jueza que no tenían tecnología para extraer la información necesaria. Después se dispuso el secuestro de otros dispositivos y Milman alegó que el otro celular que usaba se le había perdido en una mudanza.
Intocable
Así las cosas, Milman nunca fue seriamente investigado. Como si fuera poco, una de las detenidas, Uliarte, había presentado un escrito donde pedía ampliar su indagatoria y adelantaba que quería aportar información sobre dos cuestiones: decía saber que Milman pagaba para ir a generar violencia y provocar en las inmediaciones de la casa de Cristina en los días previos al atentado. Sabag Montiel, agregaba, hablaba con una tal Carolina, que no se descarta que sea Gómez Mónaco. También lo vinculó a la organización de ultraderecha Revolución Federal, que organizaba acciones violentas en las calles, uno de sus referentes recibía dinero de la familia Caputo y en sus charlas en redes sociales se hablaba de matar a Cristina Kirchner y otros dirigentes. El escrito quedó incorporado pero nunca pasó nada. El Tribunal Oral Federal 6 no puede citarla hasta que comiencen las audiencias.
«Recordemos que acá se investiga un intento de atentado contra CFK. CFK es la víctima ¿Qué hacen los jueces? Pierden el celular del imputado el primer día (en referencia al teléfono de Sabag Montiel) y luego embarran toda la investigación», apuntó el querellante Aldazabal en la red X . «La frutilla del postre: cuando un testigo da información que puede poner en cuestión la teoría de los loquitos sueltos, lo allanan sin motivo aparente. Un lindo mensaje mafioso para disuadir a quien quiera aportar algo a la causa».
Fue una semana a toda orquesta en Comodoro Py y otros tribunales, con la impronta de los manejos judiciales del macrismo: la Cámara Federal revocó el sobreseimiento de la vicepresidenta en la causa bautizada por Clarín como «la Ruta del Dinero K» (que de «K» no tuvo nada, pero ahora insisten), la Cámara de Casación confirmó el sobreseimiento de Mauricio Macri en la causa por el espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, y en otro fuero, el civil, el expresidente consiguió suspender las elecciones para la presidencia de Boca Juniors.
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