13/06/2024

La defensa de CFK pidió su sobreseimiento en la causa de la “Ruta del dinero» | “Nos encontramos ante una burda maniobra política», señala la presentación ante la Cámara Federal



La defensa de Cristina Fernández de Kirchner le solicitó a la Cámara Federal porteña que confirme su sobreseimiento en la causa denominada “Ruta del dinero K”, que ya cumplió diez años sin avances probatorios. “Nos encontramos ante una burda maniobra política» emprendida por quienes, luego de perseguirla “desde los órganos del Estado” durante la gestión macrista, “pretenden hacerlo ahora” desde una ONG “constituida exclusivamente para estos fines”, en base a “divagaciones, incertezas e incoherencias”, explicó la presentación, sobre la que deberán pronunciarse los camaristas Eduardo Farah, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Los últimos dos son quienes avalaron en agosto la resurrección forzada del expediente a instancias de ex funcionarios de Juntos por el Cambio, tras el sobreseimiento pedido por el fiscal Guillermo Marijuan, dictado por el juez federal Sebastián Casanello y consentido por las querellas de la AFIP y de la Unidad de Información Financiera (UIF).

El abogado Carlos Beraldi recordó en su escrito ante la Sala II de la Cámara que la causa se inició en 2013 con un informe televisivo sobre operaciones financieras del empresario Lázaro Báez y su entorno, y que desde entonces “este proceso fue utilizado por los opositores políticos de Cristina Fernández de Kirchner para denostar su figura”. Durante el gobierno de Mauricio Macri se intentó “sin prueba alguna y temerariamente” vincular a CFK en la causa por lavado de dinero. Para ello “el Poder Ejecutivo se constituyó como parte querellante a través de la Oficina Anticorrupción (OA) y la UIF, liderados por acérrimos detractores del kirchnerismo (Laura Alonso y Mariano Federici), los cuales intentaron responsabilizar a como diera lugar” a la ex presidenta. “La actuación militante de la UIF se tradujo en reiterados pedidos dirigidos a que se convocara a nuestra defendida a prestar declaración indagatoria, los cuales luego eran amplificados por medios periodísticos opositores”, recordó. En 2018 se concretó finalmente la indagatoria y el juez Casanello dictó la falta de mérito de la entonces senadora, que confirmó al año siguiente la Cámara Federal.

“Transcurridos tres años más de investigación, en los cuales no apareció ninguna prueba que pudiera vincular” a CFK con el lavado, el juez le corrió vista a Marijuan, el ex fiscal estrella de los canales del Grupo Clarín, que transmitía en vivo su show de excavadoras en busca de supuestos tesoros enterrados en la Patagonia. El 24 de mayo último Marijuan dio por cerrada la investigación y pidió el sobreseimiento de la vicepresidenta. Los querellantes constituidos en el expediente no se opusieron y Casanello la sobreseyó pues “sin acusación no hay proceso penal posible”.

“En esta coyuntura, tras más de diez años de iniciado el proceso” y cuando la ex presidenta quedaba definitivamente desvinculada, una oportuna presentación de la abogada Valeria Viola y el ex fiscal porteño Luis Cevasco, en nombre de una asociación civil llamada “Bases Republicanas”, pidió querellar –como si el sobreseimiento le causara un perjuicio– y logró ser aceptada por Llorens & Bertuzzi (ambos nombrados por Macri, el segundo a dedo mediante un traslado), con disidencia de Farah. La decisión, que ahora impugna la defensa de CFK, no sólo habilita la revisión del sobreseimiento sino que abre la puerta a que se presenten otras asociaciones en busca de impacto político.

“Nos encontramos ante una burda maniobra política emprendida por los opositores de Cristina Fernández de Kirchner, quienes nuevamente pretenden interferir en el trámite del proceso y, en esta oportunidad, hacer caer el legítimo sobreseimiento de nuestra asistida, consentido tanto por el Ministerio Público Fiscal como por las querellas constituidas en la causa”, escribió Beraldi, quien recordó que “se fogoneó hasta el hartazgo que estábamos en presencia de la ‘ruta del dinero K’ pese a que en ninguna de las operaciones investigadas apareció el apellido Kirchner y, por el contrario, sí surgieron nexos con allegados al macrismo”.

“Una vez agotada cualquier línea investigativa, quienes antes perseguían a Cristina Fernández de Kirchner desde los órganos del Estado pretenden hacerlo ahora utilizando como vehículo a una entidad civil cuyos socios fundadores son nada menos que miembros del anterior gobierno e integrantes de la alianza Cambiemos (Pablo Clusellas, Federico Pinedo, Jorge Ricardo Enríquez, Pablo Noceti y María Isabel Jimena De La Torre, entre otros). Es decir, si Cambiemos no puede perseguir a Cristina Fernández de Kirchner desde los órganos del Estado lo hace al amparo de una asociación civil que, por lo visto, fue constituida exclusivamente para estos fines”, añadió. Destacó “la falta de seriedad” de la presentación, la “fabulación” de un “agravio” y una deliberada intención de generar confusión en el tribunal en base a “divagaciones, incertezas e incoherencias”.



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